martes, 7 de febrero de 2012

EL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE DERECHO APUESTA POR LA AUSTERIDAD Y LA REORGANIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD


Antonio Cortés, el Delegado del Consejo de Estudiantes de Derecho se muestra partidario de una reorganización de las titulaciones, así como de no subir las tasas académicas.

El Delegado del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UEx se ha mostrado a favor de una reorganización de las titulaciones que, a día de hoy, son impartidas en la Universidad. Así mismo, se ha mostrado en contra de la subida de las tasas académicas que desde el círculo del Rector, Segundo Píriz, han mostrado como una solución para el ajuste de 1,8 millones de euros respecto del presupuesto del año anterior, por parte del Gobierno de Extremadura.

Antonio Cortés ha declarado que “la voluntad de un grupo reducido de personas no debe entenderse como la voluntad de toda la comunidad universitaria. Entendemos y comprendemos que si todos los sectores de la sociedad extremeña se están ajustando a la situación, la Universidad de Extremadura no puede ser menos.” Asimismo se ha mostrado a favor “de reorganizar las titulaciones y ver cual tiene demanda y cual no. Los alumnos no pueden soportar una carga económica más grande; no se puede subir el precio de las matriculas debido a que nuestra renta per cápita es inferior a la de otras Comunidades Autónomas.”

El Responsable de Relaciones Institucionales del Consejo de Derecho, Marius Blanco, ha indicado “que los alumnos ya empiezan a estar hartos de ver como la Universidad de Extremadura ha sido un pozo sin fondo para todo. Ahora, respecto al tema de las prejubilaciones de profesores. Es una vergüenza. Nos parece algo detestable. Si tocan las matriculas, tendrán contestación”.

Las prejubilaciones “doradas” de la UEx ha sido el tema que ha hecho estallar a los alumnos. Según el Informe del Tribunal de Cuentas, la UEx y la Consejería de Educación, firmaron un convenio mediante el cual, los profesores que se acogiesen al plan de prejubilaciones, podían llegar a cobrar cada mes una suma superior a la establecida como máxima pensión. Según el Informe del Tribunal de Cuentas, este plan “carece de cobertura legal”.

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